jueves 18 de febrero de 2010
Mueren cuatro ciclistas en una semana en la ZMG de Guadalajara
Ver Ciclistas arrollados en un mapa ampliado
Por Sergio Hernández Márquez
El mes de febrero ha sido trágico para los ciclistas ya que cuatro han sido atropellados y muertos bajo las llantas de vehículos particulares. Ante esta situación, organizaciones que promueven el uso de la bicicleta acudirán esta misma semana a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a pedir que se respete el derecho a la vida para quien decide movilizarse en este medio de transporte.
Un señalamiento directo va en contra de la Secretaría de Vialidad y Transporte, a quienes organizaciones como GDL en Bici, y Bici 10, señalan como omisa en la creación de programas de educación a los conductores, ya que ni siquiera en el examen para sacar la licencia hay una sola pregunta relacionada con el respeto a los ciclistas.
“Son 103 preguntas y una guía de estudios en la que apenas se menciona un par de veces al peatón pero no hay ni siquiera una explicación previa de cómo se tiene que compartir la calle y de lo que es una cultura de respeto”, señala Patricia Martínez, de GDL en Bici.
“Creemos que esto va a funcionar en la medida que la cultura en las calles cambien, cuando nos enseñemos a respetar que quienes tienen la prioridad son los peatones, que los ciclistas también necesitamos un espacio y que merecemos la calle como un espacio para funcionar”.
Para Felipe Madrigal, también de GDL en Bici, las muertes de ciclistas que están ocurriendo en la ciudad se seguirán dando aun cuando existan ciclovías ya que la prioridad es la cultura vial de los conductores de vehículos particulares.
“La Secretaría de Vialidad o el Gobierno la ven (a la bicicleta) como un medio recreativo mas no como un medio de movilidad sustentable (…) las ciclovías nos pueden ayudar pero si tuviéramos cultura vial no necesitaríamos de ciclovías, como está hecho en Copenhague (Dinamarca) donde son muy pocas las ciclovías pero hay una actitud y cultura vial de primer mundo”.
De los cuatro ciclistas muertos en la ciudad por atropellamiento el más pequeño era Memo, Guillermo Martínez Torres, de 9 años, quien vivía en una colonia popular de Zapopan llamada Paraísos del Colli. En el cruce de Avenida de Las Torres y la calle Sauce quedó sin vida luego de ser arrastrado por un camión.
Este jueves 18 de febrero, un grupo de ciclistas irán a los puntos donde murieron los cuatro ciclistas a colocar bicicletas de color blanco en los cruceros donde ocurrieron los accidentes. La salida será a las 7 de la noche de la Plaza República, ubicada en Av. México y Pedro Buzeta, a unos metros del Soriana de Chapultepec y Avenida México.
Los muertos
Juan Carlos Tovar Cárdenas, de 50 años. Lo atropelló un minibus sin permiso de circulación en Felipe Ángeles y Francisco de Ayza.
Sergio Arturo Romo Orozco, de 67 años. Lo arrastró un camión de la ruta 623 en Avenida Cruz del Sur y Avenida Urdaneta
Guillermo Martínez Torres, de 9 años. Lo atropelló un tráiler
Un señor de aproximadamente 70 años que no ha sido identificado. Fue muerto en el cruce de las calles Ciprés y Roble
Las peticiones
Que se respete el derecho a la vida de los ciclistas
Que se asignen partidas para el desarrollo de programas educativos y campañas de cultura vial.
Que toda obra de infraestructura vial desarrolle, en paralelo, programas educativos y campañas de cultura vial. Sin acciones que mejoren la cultura vial, ni la mejor obra de infraestructura cambiará las condiciones actuales. Esto le compete tanto a los gobiernos municipales como a dependencias estatales, SVyT, Semades, Sedeur, Cepaj…
Que la Secretaría de Vialidad y Transporte se responsabilice de tener indicadores anuales; sobre los accidentes ciclistas, el aumento de usuarios de la bici, aforos ciclistas, registros de muertes de ciclistas.
Nuestra próxima acción será buscar a la CEDHJ para que en el cumplimiento de sus funciones y su responsabilidad, interceda por los ciudadanos ciclistas ante las autoridades gubernamentales por el incumplimiento de la garantía de la seguridad en las calles.
martes 24 de noviembre de 2009
Rechaza ITESO dar aval para villa en El Bajío
Sergio Hernández . MURAL
El ITESO no ha participado en ningún estudio que busque avalar la Manifestación de Impacto Ambiental de la Villa Panamericana, aclaró Álvaro Ochoa Jefe del Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales de la Universidad jesuita.
Ochoa aclaró que han colaborado, pero en análisis destinados a proteger el área de El Bajío, donde se construiría la Villa.
Esto fue señalado en respuesta a las expresiones vertidas por Martha Ruth del Toro Gaytán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), quien señaló el 10 de noviembre que se puede hacer una Manifestación Ambiental del proyecto en 15 días y aprobarla en 10 más, porque ya hay estudios previos de las características de la zona.
Para Álvaro Ochoa, los estudios tienen fines distintos, y además considera que una Manifestación de Impacto Ambiental no es algo que pueda hacerse con tanta premura.
"Es un tema completamente diferente al de los Juegos, o sea, se trataba de proteger un área que consideramos que es vulnerable y era importante establecer los lineamientos de protección y punto.
Entonces se nos hizo raro esa declaración de que habríamos participado en estudios que de alguna manera avalarían la viabilidad de la Villa, cuando un análisis de impacto de una forma tiene que tener en cuenta el proyecto y en esos estudios ni aparecía el proyecto", indicó.
"Conociendo la vulnerabilidad, lo frágil de la zona, tanto porque ahí se recargan acuíferos que van a llegar a Los Colomos, como el límite con el Bosque de La Primavera que cualquier cosa que se haga ahí va a afectar de alguna manera la ecología del bosque aunque no esté dentro del bosque. Nos parece que es algo que hay que estudiar con mucho detenimiento y no apresurarse a dar conclusiones así de rápido".
La Villa Panamericana está planteada para edificarse en la zona de El Bajío, vital para la recarga del acuífero de Los Colomos, como lo reconoce la misma titular de Semades, quien asegura que aun con la obra obligarán al constructor a que se hagan acciones que permitan la misma filtración del agua.
"Lo que nosotros propusimos a la Semades fue participar en elaborar la estrategia para hacer una Evaluación de Impacto Ambiental conforme a los lineamientos de estas mejores prácticas de la Asociación Internacional de Evaluación de Impactos", agregó.
"Nosotros lo que dijimos es: vamos estableciendo junto con Semades y otros actores cuáles son los lineamientos de hacer esta evaluación y al que se le contrate que lo haga y nosotros también nos ofrecemos a coordinar actores para verificar que la evaluación se pueda hacer. De alguna manera ser auditores junto con otros actores no nada mas nosotros. Creo que aquí tiene que participar la gente interesada, los afectados, etcétera".
Y critican en la UdeG
Miguel Magaña Virgen, académico de la Universidad de Guadalajara, comentó que la realización y aprobación exprés de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Villa Panamericana es una burla.
"Es una charlotada, me parece que es faltarle el respeto al razonamiento técnico, en la cara de todos los jaliscienses es restregar la prepotencia y la incapacidad de entender la gestión ambiental y restregar en la cara de todos los jaliscienses la ignorancia y pisar la sensibilidad de los que conocen, de los expertos, de quienes creen y creemos que la herramienta de impacto ambiental es una herramienta necesaria", expresó.
"Un estudio de impacto ambiental de ninguna manera para este tipo de proyectos se hace en este tiempo y dos, si ya declararon que tiene que estar antes del 7 de diciembre porque se tiene que iniciar a construir, pues simplemente que acepten que es una dictadura burocrática, y expertos con bioética saben que no se puede hacer un estudio de impacto ambiental con esas condiciones".
El ITESO no ha participado en ningún estudio que busque avalar la Manifestación de Impacto Ambiental de la Villa Panamericana, aclaró Álvaro Ochoa Jefe del Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales de la Universidad jesuita.
Ochoa aclaró que han colaborado, pero en análisis destinados a proteger el área de El Bajío, donde se construiría la Villa.
Esto fue señalado en respuesta a las expresiones vertidas por Martha Ruth del Toro Gaytán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), quien señaló el 10 de noviembre que se puede hacer una Manifestación Ambiental del proyecto en 15 días y aprobarla en 10 más, porque ya hay estudios previos de las características de la zona.
Para Álvaro Ochoa, los estudios tienen fines distintos, y además considera que una Manifestación de Impacto Ambiental no es algo que pueda hacerse con tanta premura.
"Es un tema completamente diferente al de los Juegos, o sea, se trataba de proteger un área que consideramos que es vulnerable y era importante establecer los lineamientos de protección y punto.
Entonces se nos hizo raro esa declaración de que habríamos participado en estudios que de alguna manera avalarían la viabilidad de la Villa, cuando un análisis de impacto de una forma tiene que tener en cuenta el proyecto y en esos estudios ni aparecía el proyecto", indicó.
"Conociendo la vulnerabilidad, lo frágil de la zona, tanto porque ahí se recargan acuíferos que van a llegar a Los Colomos, como el límite con el Bosque de La Primavera que cualquier cosa que se haga ahí va a afectar de alguna manera la ecología del bosque aunque no esté dentro del bosque. Nos parece que es algo que hay que estudiar con mucho detenimiento y no apresurarse a dar conclusiones así de rápido".
La Villa Panamericana está planteada para edificarse en la zona de El Bajío, vital para la recarga del acuífero de Los Colomos, como lo reconoce la misma titular de Semades, quien asegura que aun con la obra obligarán al constructor a que se hagan acciones que permitan la misma filtración del agua.
"Lo que nosotros propusimos a la Semades fue participar en elaborar la estrategia para hacer una Evaluación de Impacto Ambiental conforme a los lineamientos de estas mejores prácticas de la Asociación Internacional de Evaluación de Impactos", agregó.
"Nosotros lo que dijimos es: vamos estableciendo junto con Semades y otros actores cuáles son los lineamientos de hacer esta evaluación y al que se le contrate que lo haga y nosotros también nos ofrecemos a coordinar actores para verificar que la evaluación se pueda hacer. De alguna manera ser auditores junto con otros actores no nada mas nosotros. Creo que aquí tiene que participar la gente interesada, los afectados, etcétera".
Y critican en la UdeG
Miguel Magaña Virgen, académico de la Universidad de Guadalajara, comentó que la realización y aprobación exprés de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Villa Panamericana es una burla.
"Es una charlotada, me parece que es faltarle el respeto al razonamiento técnico, en la cara de todos los jaliscienses es restregar la prepotencia y la incapacidad de entender la gestión ambiental y restregar en la cara de todos los jaliscienses la ignorancia y pisar la sensibilidad de los que conocen, de los expertos, de quienes creen y creemos que la herramienta de impacto ambiental es una herramienta necesaria", expresó.
"Un estudio de impacto ambiental de ninguna manera para este tipo de proyectos se hace en este tiempo y dos, si ya declararon que tiene que estar antes del 7 de diciembre porque se tiene que iniciar a construir, pues simplemente que acepten que es una dictadura burocrática, y expertos con bioética saben que no se puede hacer un estudio de impacto ambiental con esas condiciones".
martes 17 de noviembre de 2009
Será el Río Santiago sano hasta el 2012
Sergio Hernández . Mural
Debido al periodo de gracia que se les está dando a empresas y Ayuntamientos para que cambien sus condiciones de descargas de aguas residuales al Río Santiago, este afluente podría recibir agua de mejor calidad hasta el año 2012.
Esto a pesar de las modificaciones a la Ley Federal de Derechos que a partir de este año considera que el Río Santiago debe ser un cuerpo de agua tan limpio como para permitir la vida acuática.
Antes de este 2009, el Santiago podía recibir descargas de agua tan contaminantes, con características de 150 de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y 150 de Sólidos Suspendidos Totales (SST), y ahora las de empresas y aguas residuales de centros de población deberán adecuar sus procesos de tratamiento para dejarlo en 30 de Demanda Bioquímica de Oxígeno y 30 de Sólidos Suspendidos Totales.
"Después de 2011 no debe de haber ninguna empresa que tenga ningún pretexto o alguna zona urbana que diga no puedo cumplir porque no estoy enterado o porque no sabía qué hacer. La norma ahí está la Ley cambió en este caso, la Ley Federal de Derechos y se cambió de esta manera", expresó el director regional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Raúl Antonio Iglesias Benítez.
A pesar de la evidente contaminación en el Santiago, señala que todas las descargas que ahora recibe están dentro de norma, aceptando al mismo tiempo que la legislación es demasiado permisiva.
"Puedo mostrar, y está libre en internet en el Registro Público de Derechos de Agua, todas las descargas que tenemos registradas y con qué calidad las tenemos registradas y de acuerdo a la Conagua y la Norma Oficial 01, que es tipo A y que es 150 de DBO y 150 de SST, es lo que está en la norma, a lo mejor no te gusta a ti y ni a mi tampoco porque es una norma blanda", aceptó.
"Ponerlo en la ley (mayores restricciones) no significa que al día siguiente se va a cambiar, tiene que haber un periodo de estabilización o de adaptación o de cambio de sus plantas de tratamiento".
Añadió que una planta de tratamiento de una empresa o de una comunidad no va a cambiar en dos meses, que tiene que hacerse el estudio correspondiente, el cálculo correspondiente y cambiar físicamente la planta.
"Pero estamos en el camino y estamos cumpliendo con todos los pasos. Son trabajos que estamos haciendo y que no hacemos en una semana o en un par de años, es trabajo que cuesta mucho tiempo pero vamos adelante, de hecho apenas cambiamos la normatividad este año".
La Comisión Estatal del Agua (CEA) es la dependencia que mes a mes está realizando el monitoreo de la calidad del agua del Río Santiago, encontrando todo el tiempo puntos de muestreo sin oxígeno disuelto, con alta concentración de materia fecal, metales pesados fuera de norma así como detergentes, entre otros resultados.
Estos datos pueden consultarse en la página de internet de la dependencia estatal.
Debido al periodo de gracia que se les está dando a empresas y Ayuntamientos para que cambien sus condiciones de descargas de aguas residuales al Río Santiago, este afluente podría recibir agua de mejor calidad hasta el año 2012.
Esto a pesar de las modificaciones a la Ley Federal de Derechos que a partir de este año considera que el Río Santiago debe ser un cuerpo de agua tan limpio como para permitir la vida acuática.
Antes de este 2009, el Santiago podía recibir descargas de agua tan contaminantes, con características de 150 de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y 150 de Sólidos Suspendidos Totales (SST), y ahora las de empresas y aguas residuales de centros de población deberán adecuar sus procesos de tratamiento para dejarlo en 30 de Demanda Bioquímica de Oxígeno y 30 de Sólidos Suspendidos Totales.
"Después de 2011 no debe de haber ninguna empresa que tenga ningún pretexto o alguna zona urbana que diga no puedo cumplir porque no estoy enterado o porque no sabía qué hacer. La norma ahí está la Ley cambió en este caso, la Ley Federal de Derechos y se cambió de esta manera", expresó el director regional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Raúl Antonio Iglesias Benítez.
A pesar de la evidente contaminación en el Santiago, señala que todas las descargas que ahora recibe están dentro de norma, aceptando al mismo tiempo que la legislación es demasiado permisiva.
"Puedo mostrar, y está libre en internet en el Registro Público de Derechos de Agua, todas las descargas que tenemos registradas y con qué calidad las tenemos registradas y de acuerdo a la Conagua y la Norma Oficial 01, que es tipo A y que es 150 de DBO y 150 de SST, es lo que está en la norma, a lo mejor no te gusta a ti y ni a mi tampoco porque es una norma blanda", aceptó.
"Ponerlo en la ley (mayores restricciones) no significa que al día siguiente se va a cambiar, tiene que haber un periodo de estabilización o de adaptación o de cambio de sus plantas de tratamiento".
Añadió que una planta de tratamiento de una empresa o de una comunidad no va a cambiar en dos meses, que tiene que hacerse el estudio correspondiente, el cálculo correspondiente y cambiar físicamente la planta.
"Pero estamos en el camino y estamos cumpliendo con todos los pasos. Son trabajos que estamos haciendo y que no hacemos en una semana o en un par de años, es trabajo que cuesta mucho tiempo pero vamos adelante, de hecho apenas cambiamos la normatividad este año".
La Comisión Estatal del Agua (CEA) es la dependencia que mes a mes está realizando el monitoreo de la calidad del agua del Río Santiago, encontrando todo el tiempo puntos de muestreo sin oxígeno disuelto, con alta concentración de materia fecal, metales pesados fuera de norma así como detergentes, entre otros resultados.
Estos datos pueden consultarse en la página de internet de la dependencia estatal.
Deja Proepa caso del Parque Metropolitano
Sergio Hernández . MURAL
El asunto de las afectaciones al área verde del Parque Metropolitano con las obras que, sin permiso, se realizan en el lugar para los Juegos Panamericanos, fue dejado a un lado por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa).
El titular de la dependencia, Fernando Montes de Oca, señaló que será la autoridad municipal, en este caso el Ayuntamiento de Zapopan, el que determine finalmente las sanciones contra el Gobierno del Estado por afectar 11 hectáreas del área verde para hacer ahí un complejo acuático y un estadio de tenis.
"El Parque Metropolitano es competencia municipal pero de todas maneras nosotros hicimos una acta circunstanciada de los hechos que encontramos para que efectivamente se pueda integrar a cualquier expediente que al respecto se establezca", comentó el Procurador.
"Quien ha estado participando muy directa e intensamente es la propia Secretaría de Medio Ambiente (estatal) a través de sus áreas normativas que ha estado en contacto tanto con las autoridades correspondientes y también con los propios proyectistas al respecto, de tal forma que al asunto se le está dando la debida atención".
Aceptó que en las indagatorias en campo, los inspectores de la Proepa encontraron irregularidades.
"Si mal no recuerdo, encontramos árboles que han sido podados, otros que estaban siendo trasplantados que no contaban con la autorización y licencia correspondiente y copia de esa acta la turnamos nosotros también al Ayuntamiento, en este caso de Zapopan", señaló Montes de Oca.
El 8 de noviembre, la organización denominada Conciencia Cívica se amparó en contra de las obras Panamericanas en el Parque Metropolitano, porque no tienen permisos ni Manifestación de Impacto Ambiental autorizada.
"Están trabajando ilegalmente, entonces todo acto ilegal debe de pararse y en este sentido es que nosotros estamos acudiendo a la justicia federal", afirmó Juan Manuel Estrada, dirigente del movimiento.
La asociación llama como tercer perjudicado al Congreso local porque es quien emitió los decretos para la creación del Parque Metropolitano como área verde.
El asunto de las afectaciones al área verde del Parque Metropolitano con las obras que, sin permiso, se realizan en el lugar para los Juegos Panamericanos, fue dejado a un lado por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa).
El titular de la dependencia, Fernando Montes de Oca, señaló que será la autoridad municipal, en este caso el Ayuntamiento de Zapopan, el que determine finalmente las sanciones contra el Gobierno del Estado por afectar 11 hectáreas del área verde para hacer ahí un complejo acuático y un estadio de tenis.
"El Parque Metropolitano es competencia municipal pero de todas maneras nosotros hicimos una acta circunstanciada de los hechos que encontramos para que efectivamente se pueda integrar a cualquier expediente que al respecto se establezca", comentó el Procurador.
"Quien ha estado participando muy directa e intensamente es la propia Secretaría de Medio Ambiente (estatal) a través de sus áreas normativas que ha estado en contacto tanto con las autoridades correspondientes y también con los propios proyectistas al respecto, de tal forma que al asunto se le está dando la debida atención".
Aceptó que en las indagatorias en campo, los inspectores de la Proepa encontraron irregularidades.
"Si mal no recuerdo, encontramos árboles que han sido podados, otros que estaban siendo trasplantados que no contaban con la autorización y licencia correspondiente y copia de esa acta la turnamos nosotros también al Ayuntamiento, en este caso de Zapopan", señaló Montes de Oca.
El 8 de noviembre, la organización denominada Conciencia Cívica se amparó en contra de las obras Panamericanas en el Parque Metropolitano, porque no tienen permisos ni Manifestación de Impacto Ambiental autorizada.
"Están trabajando ilegalmente, entonces todo acto ilegal debe de pararse y en este sentido es que nosotros estamos acudiendo a la justicia federal", afirmó Juan Manuel Estrada, dirigente del movimiento.
La asociación llama como tercer perjudicado al Congreso local porque es quien emitió los decretos para la creación del Parque Metropolitano como área verde.
lunes 9 de noviembre de 2009
Deja Arcediano cadena de daños
Sergio Hernández . MURAL
Luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) diera por muerto el proyecto de la Presa de Arcediano, el recuento de los daños no implica solamente la pérdida de 700 millones de pesos que se han erogado en estudios del año 2001 a la fecha, sino también un serie de afectaciones en lo social, ambiental e histórico.
El proyecto tomó el nombre de un pueblo de 200 personas al fondo de la barranca del Río Santiago, ubicado 500 metros abajo del nivel del mar respecto a Guadalajara, en el que sus habitantes vivían de la agricultura, la crianza de animales e incluso de la pesca, antes de que se contaminara el cauce.
En el verano del 2003 comenzaron las demoliciones de las viviendas previo pago de 350 mil pesos para cada uno de los propietarios. Entonces no se había aprobado Manifestación de Impacto Ambiental alguna.
El pueblo quedó en ruinas y fue restringido el acceso después para evitar posibles invasiones, según el Gobierno estatal.
Sólo Guadalupe Lara Lara no aceptó la demolición de su casa, luchó en los tribunales con el apoyo del Instituto de Derecho Ambiental, pero su vivienda también se demolió. El Gobierno del Estado la acusó de invasora.
No sólo el pueblo quedó en ruinas. El histórico puente de Arcediano, por el que Guadalajara se comunicaba con Zacatecas en el Siglo 19, fue desmontado en el año 2006 en trabajos de "reubicación" que se supone terminarían meses después.
Argumentando falta de dinero, el puente, catalogado como Monumento Histórico por el Gobierno federal, se convirtió en un montón de piedras arrumbadas.
Este puente, construido en 1893, sería reubicado 800 metros aguas debajo de su sitio original, manteniendo las partes que pudieran volver a utilizarse, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
La dependencia federal inicialmente dio como plazo al Gobierno de Jalisco noviembre de 2008 para que la reubicación fuera concluida, pero ante el retraso la Comisión Estatal del Agua (CEA) solicitó un año más de prórroga, el cual ya terminó.
Otro de los pendientes que dejó el proyecto de Arcediano una vez cancelado, es la creación del Área Natural Protegida denominada Barrancas de los Ríos Verde y Santiago, que abarcaría 56 mil 782 hectáreas, que fue una de las condicionantes impuestas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para autorizar el embalse.
Las consecuencias de la cancelación de la Presa de Arcediano implican incluso a instancias internacionales como la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAN) que está a punto de terminar una indagatoria por el presunto incumplimiento del Gobierno de México en materia ambiental en este proyecto.
También queda en el limbo la participación de la Organización Panamericana de la Salud, quien dio una serie de líneas al Gobierno de Jalisco a cumplir antes de poner a funcionar la Presa de Arcediano.
La presa que no fue:
• Tendría capacidad para 448 millones de metros cúbicos.
• Estaría sobre el Río Santiago, aprovechando también aguas del Río Verde.
• Bombearían el agua casi 50 metros hacia la ciudad.
• Estaría dentro del un Área Natural Protegida de carácter federal.
• Tendría un costo de 15 mil millones de pesos.
Luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) diera por muerto el proyecto de la Presa de Arcediano, el recuento de los daños no implica solamente la pérdida de 700 millones de pesos que se han erogado en estudios del año 2001 a la fecha, sino también un serie de afectaciones en lo social, ambiental e histórico.
El proyecto tomó el nombre de un pueblo de 200 personas al fondo de la barranca del Río Santiago, ubicado 500 metros abajo del nivel del mar respecto a Guadalajara, en el que sus habitantes vivían de la agricultura, la crianza de animales e incluso de la pesca, antes de que se contaminara el cauce.
En el verano del 2003 comenzaron las demoliciones de las viviendas previo pago de 350 mil pesos para cada uno de los propietarios. Entonces no se había aprobado Manifestación de Impacto Ambiental alguna.
El pueblo quedó en ruinas y fue restringido el acceso después para evitar posibles invasiones, según el Gobierno estatal.
Sólo Guadalupe Lara Lara no aceptó la demolición de su casa, luchó en los tribunales con el apoyo del Instituto de Derecho Ambiental, pero su vivienda también se demolió. El Gobierno del Estado la acusó de invasora.
No sólo el pueblo quedó en ruinas. El histórico puente de Arcediano, por el que Guadalajara se comunicaba con Zacatecas en el Siglo 19, fue desmontado en el año 2006 en trabajos de "reubicación" que se supone terminarían meses después.
Argumentando falta de dinero, el puente, catalogado como Monumento Histórico por el Gobierno federal, se convirtió en un montón de piedras arrumbadas.
Este puente, construido en 1893, sería reubicado 800 metros aguas debajo de su sitio original, manteniendo las partes que pudieran volver a utilizarse, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
La dependencia federal inicialmente dio como plazo al Gobierno de Jalisco noviembre de 2008 para que la reubicación fuera concluida, pero ante el retraso la Comisión Estatal del Agua (CEA) solicitó un año más de prórroga, el cual ya terminó.
Otro de los pendientes que dejó el proyecto de Arcediano una vez cancelado, es la creación del Área Natural Protegida denominada Barrancas de los Ríos Verde y Santiago, que abarcaría 56 mil 782 hectáreas, que fue una de las condicionantes impuestas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para autorizar el embalse.
Las consecuencias de la cancelación de la Presa de Arcediano implican incluso a instancias internacionales como la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAN) que está a punto de terminar una indagatoria por el presunto incumplimiento del Gobierno de México en materia ambiental en este proyecto.
También queda en el limbo la participación de la Organización Panamericana de la Salud, quien dio una serie de líneas al Gobierno de Jalisco a cumplir antes de poner a funcionar la Presa de Arcediano.
La presa que no fue:
• Tendría capacidad para 448 millones de metros cúbicos.
• Estaría sobre el Río Santiago, aprovechando también aguas del Río Verde.
• Bombearían el agua casi 50 metros hacia la ciudad.
• Estaría dentro del un Área Natural Protegida de carácter federal.
• Tendría un costo de 15 mil millones de pesos.
miércoles 28 de octubre de 2009
viernes 16 de octubre de 2009
Votarán decreto que protegería a la Barranca de Huentitán
Jorge Covarrubias . LA JORNADA JALISCO
La comisión edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana del Ayuntamiento de Guadalajara someterá hoy a votación que la Barranca de Huentitán sea declarada en definitiva como Área Natural Protegida, lo que dejaría sin efecto el cambio de uso de suelo aprobado el 9 de julio del 2009 en sesión de cabildo, y alejaría aún más la posibilidad de que se construya en el sitio denominado El Disparate, el estadio panamericano de atletismo.
“El caso de la zona estaremos proponiendo a consideración de la propia Comisión el que ya quede definitivamente rechazado la posibilidad de hacerle algún cambio al uso de suelo, con esto quedará vigente el dictamen, el uso de suelo que estaba publicado el 20 de abril del año 2004 como anteriormente estaba y estaremos solicitándole a la Secretaría General del Congreso del Estado el que manifieste la expresión del propio Ayuntamiento donde estamos solicitándoles que se expida ya el decreto de Área Natural Protegida de toda la zona de la Barranca principalmente en atención a todo el material y la información que investigadores nos estuvieron entregando y los propios ambientalistas”, dijo el coordinador de la fracción del PAN y titular de dicha comisión edilicia, Álvaro Córdoba Pérez.
El cambio de uso de suelo se hizo en alrededor de 75 hectáreas que permitirían la construcción del inmueble deportivo y vivienda de alta densidad. La modificación, según lo advirtieron los grupos ambientalistas e investigadores universitarios, se hizo sin estudios de impacto ambiental.
Después de la realización de un foro, el regidor panista se comprometió a dar marcha atrás al dictamen y en la sesión de cabildo del 24 de septiembre los regidores suspendieron la publicación del dictamen en la Gaceta Municipal, con lo que habría entrado en vigor el cambio de uso de suelo.
El coordinador de los blanquiazules envió a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp) una solicitud para que ambas dependencias determinaran la factibilidad de urbanizar la Barranca de Huentitán, sin embargo, reconoció que la respuesta no ha llegado y fue por ello que decidió no esperar más para promover la declaratoria de Área Natural Protegida.
“Con uso de las facultades que tenemos como municipio, sí estaríamos en posibilidades de poder manifestar la postura del Ayuntamiento y solicitar al Congreso del Estado que ellos nos puedan estar aprobando”, agregó.
La iniciativa se someterá a la opinión de los integrantes de la comisión edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana.
La comisión edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana del Ayuntamiento de Guadalajara someterá hoy a votación que la Barranca de Huentitán sea declarada en definitiva como Área Natural Protegida, lo que dejaría sin efecto el cambio de uso de suelo aprobado el 9 de julio del 2009 en sesión de cabildo, y alejaría aún más la posibilidad de que se construya en el sitio denominado El Disparate, el estadio panamericano de atletismo.
“El caso de la zona estaremos proponiendo a consideración de la propia Comisión el que ya quede definitivamente rechazado la posibilidad de hacerle algún cambio al uso de suelo, con esto quedará vigente el dictamen, el uso de suelo que estaba publicado el 20 de abril del año 2004 como anteriormente estaba y estaremos solicitándole a la Secretaría General del Congreso del Estado el que manifieste la expresión del propio Ayuntamiento donde estamos solicitándoles que se expida ya el decreto de Área Natural Protegida de toda la zona de la Barranca principalmente en atención a todo el material y la información que investigadores nos estuvieron entregando y los propios ambientalistas”, dijo el coordinador de la fracción del PAN y titular de dicha comisión edilicia, Álvaro Córdoba Pérez.
El cambio de uso de suelo se hizo en alrededor de 75 hectáreas que permitirían la construcción del inmueble deportivo y vivienda de alta densidad. La modificación, según lo advirtieron los grupos ambientalistas e investigadores universitarios, se hizo sin estudios de impacto ambiental.
Después de la realización de un foro, el regidor panista se comprometió a dar marcha atrás al dictamen y en la sesión de cabildo del 24 de septiembre los regidores suspendieron la publicación del dictamen en la Gaceta Municipal, con lo que habría entrado en vigor el cambio de uso de suelo.
El coordinador de los blanquiazules envió a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp) una solicitud para que ambas dependencias determinaran la factibilidad de urbanizar la Barranca de Huentitán, sin embargo, reconoció que la respuesta no ha llegado y fue por ello que decidió no esperar más para promover la declaratoria de Área Natural Protegida.
“Con uso de las facultades que tenemos como municipio, sí estaríamos en posibilidades de poder manifestar la postura del Ayuntamiento y solicitar al Congreso del Estado que ellos nos puedan estar aprobando”, agregó.
La iniciativa se someterá a la opinión de los integrantes de la comisión edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana.
Advierten de sanciones por basura revuelta
Sergio Hernández Márquez . MURAL
El plazo de un año para que los 125 municipios de Jalisco pusieran en marcha sus programas de separación de basura terminó ayer y a partir de este viernes son susceptibles de ser sancionados en caso de no realizar un manejo diferenciado de los residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios.
Entre ellos está Ocotlán, San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio, Ojuelos, Villa Guerrero, Totatiche, San Miguel El Alto, Tomatlán, Cuautla y Magdalena.
Por ello,
En un evento realizado ayer en el Instituto Cultural Cabañas, la titular de Semades, Martha Ruth del Toro, aceptó que, aún con la obligación legal vigente de separar al 100 por ciento, es difícil lograr esta meta incluso al final del sexenio.
"El objetivo que esta Secretaría ha venido impulsando y que estamos seguros de alcanzar, es que al final del sexenio por lo menos el 70 por ciento de la población separe sus residuos y los municipios tengan establecidos sistemas de valorización y reciclaje. La pretensión de
Según datos proporcionados por los mismos Ayuntamientos, el avance en los municipios del interior del estado es que cuatro de cada 10 ciudadanos ya separa, mientras que en la zona metropolitana apenas se ha alcanzado el 50 por ciento.
Dulce María García Bogarín, la funcionaria de Semades responsable de este programa, aclaró que mientras a los Ayuntamientos incumplidos los sancionará
Entre ellos se incluyó Guadalajara, donde el mismo Ayuntamiento aceptó hace unos días tener un avance de 30 por ciento en recolección separada, aunque ayer Guadalajara volvió a mover su cifra señalando 55 por ciento. También fue reconocido Tlajomulco, que apenas llega al 50 por ciento.
Otros municipios reconocidos son Huejuquilla, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, Chapala, Mazamitla, Atemajac de Brizuela, El Grullo, Autlán y Talpa.
Los Municipios incumplidos
Ocotlán
Villa Guerrero
Totatiche
San Martín de Bolaños
Mezquitic
Huejucar
San Diego de Alejandría
Unión de San Antonio
Ojuelos de Jalisco
Teocaltiche
Jesús María
San Miguel El Alto
Cañadas de Obregón
Tizapán El Alto
Degollado
Santa María del Oro
Jilotlán de los Dolores
Gómez Farías
Teocuitatlán de Corona
Tuxpan
Tomatlán
Atenguillo
Cuautla
Guachinango
Magdalena
miércoles 14 de octubre de 2009
Érase una vez un río Parte II
Segunda parte del reportaje de Vanesa Robles para Canal 6 de Megacable Guadalajara
Hierro de Jalisco se va a China
La industria minera, que aporta 1.6% del PIB nacional, cobra un alto precio ambiental y social en la Sierra Madre jalisciense
Del total del territorio mexicano, 10% está concesionado para la exploración y explotación minera. Es decir, casi la misma superficie del Estado de Chihuahua: 247 mil 938 kilómetros cuadrados.
En Jalisco, mientras tanto, hay registro de mil 290 concesiones mineras, que abarcan un millón 272 mil 740 hectáreas cuadradas, de los ocho millones que comprende el territorio estatal. Para el Gobierno federal, el impacto ambiental y social de este sector es justificable por los beneficios económicos que engendra, pues aporta 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB).
En este contexto, dos minas asentadas en territorio limítrofe entre Colima y Jalisco: El Pesar y Peña Colorada, no dejan beneficio económico para los habitantes de la región, quienes esperan desde hace cuatro décadas el prometido progreso que manejaron en el discurso los introductores de esta industria.
Ambas minas —que utilizan como fuerza de trabajo a habitantes del ejido Ayotitlán, asentado en Cuatitlán de García Barragán, uno de los municipios más pobres del Estado— explotan hierro, mineral que en un porcentaje considerable va a parar a las fundiciones de China, donde es finalmente convertido en acero y utilizado en la construcción.
Paradójicamente, mientras los chinos fincan su increíble desarrollo económico en la fundición acerera, los habitantes indígenas de Ayotitlán sobreviven al margen de los beneficios. En 40 años, las minas a cielo abierto han acabado con el entorno natural y generan problemas como desecación de fuentes acuíferas y marginación de toda cercanía con los servicios que ofrece el Estado.
A lo largo de los años, la más grande de estas explotaciones mineras, Peña Colorada, ha cambiado de manos. Actualmente, es propiedad de una compañía ítalo-argentina y del empresario indio Lakshmi Mittal, el octavo hombre más rico del planeta y titular de la transnacional “Mittal Steel”. Esta empresa comercializa el hierro extraído en la serranía estatal, para llevarlo al Lejano Oriente y otras factorías metalúrgicas del país, ubicadas en lugares como Nuevo León y Puebla.
Los daños al entorno natural surgen del mecanismo mismo de traslado de la materia prima, pues —entre otras cosas— extraen agua del Río Marabasco y pozos naturales para enviar el hierro por un ferroducto de 52 kilómetros, que concluye en Manzanillo, Colima. Con este mecanismo evitan los gastos de flete.
Respecto a la pobreza extrema de los habitantes de la zona, un representante de la Dirección de Promoción Minera de la Secretaría de Economía, apuntó que como opción inmediata pueden “pedir trabajo en la mina”.
Mineras causan desastre social en Ayotitlán
Doña Mary vive en una de esas tierras otorgadas a mineras. Será porque debajo de su comunidad, Las Pesadas (en el ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán) y en los alrededores, se encuentran los yacimientos de hierro más abundantes del país, explotados desde hace décadas por el Consorcio Benito Juárez Peña Colorada, y grupos menores como la Minera del Norte.
A sus 79 años de vida, guarda todavía intactos los recuerdos de cuando llegaron las minas, con la promesa de exterminar el hambre de los indígenas de Ayotitlán. “Teníamos esperanza y dejamos que se llevaran todo”. Han pasado 40 años y todavía vive en casa de adobe, con techos de cartón agujereados por el granizo, una letrina rudimentaria y un fogón para cocinar. La base de su alimentación son las tortillas con sal en el almuerzo. Tortilla con sal en la cena. Y cuando hay abundancia, se chiquea en la comida con tacos de frijoles “y uno que otro huevito”.
La mujer, nahua como sus antepasados y sus vecinos, vive del cultivo para el autoconsumo. Igual que la mayoría de campesinos en Ayotitlán. Al agreste rincón donde vive, no llegan los apoyos gubernamentales que tanto prometen en la tele y desde hace un año, no hay atención médica; ni aspirinas ni antídotos para piquetes de alacrán.
Peña Colorada es propiedad de la empresa ítalo-argentina “Ternium” y de “Mittal Steel”. El dueño de esta última es el magnate de la India Lakshmi Mittal, famoso por ser el octavo hombre más rico del mundo este año y por poseer en Londres la casa más lujosa que existe. Él a su vez, le vende el metal a China, nación que sigue una añeja estrategia para ubicarse entre los países más poderosos del planeta: adquiere materias primas del tercer mundo, especialmente minerales como el hierro, que transforma en acero y utiliza en su desenfrenada carrera de desarrollo industrial y urbano.
Y aunque el Gobierno mexicano promete ríos de bonanza para las poblaciones donde hay yacimientos férreos, Cuautitlán de García Barragán es considerado el tercer municipio con menor índice de desarrollo humano en Jalisco, sólo después de Bolaños y Mezquitic, según consta en el primer informe sobre este tema en Jalisco, presentado en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El yacimiento de Peña Colorada produce cuatro millones de toneladas de pellets cada año (denominación genérica, no española, utilizada para referirse a pequeñas porciones de material aglomerado o comprimido). Se ubica en el área noroccidental de la Sierra Madre del Sur, en la Sierra del Mamey, cerca de la población de Minatitlán, Colima. Además, genera mil 850 empleos directos e indirectos.
Un kilómetro antes de llegar a Las Pesadas, en el mismo cerro, está la mina El Pesar, que carcome la tierra colorada por el hierro. A dos kilómetros, Peña Colorada fulminó lo que llamaban el Espinazo del Diablo y alrededor de 300 metros de altura del Cerro Los Juanes, en el que ya no las nubes se posan, como antaño.
Para doña Mary, como para la mayoría de indígenas de Las Pesadas, las minas no exterminaron la pobreza, pero sí los cerros, los árboles y los manantiales que daban de beber a la comunidad.
En Las Pesadas, pese a todo, no han podido arrancar el hierro sobre el que están asentadas las casas de los 85 habitantes.
El impacto
Como todas las tardes, la tierra cimbró y la comunidad de Las Pesadas se llenó de olor a diablo, a pólvora. Ese día, doña Mary no se refugió de las detonaciones de la mina a cielo abierto. Mientras lavaba los trastes en la pila, un fragmento de hierro le impactó la cabeza, la tumbó, le pintó la cara color morete, le hizo brotar un chichón eterno, le secó los colores de la vista. De entonces a la fecha, le nació una migraña que hasta que le revienta la cabeza.
El mismo hierro que le golpeó la vida y que las mineras han extraído por décadas, probablemente se vendió a China —que consume el 50% de la producción total en el mundo— y se usó para construir una gran presa, uno de los estadios de las Olimpiadas de Beijing o un despampanante edificio de arquitectura moderna.
A doña Mary lo que menos le acongoja es la bola que tiene en la cabeza. Al fin que nunca ha ido al doctor, porque la empresa que detonó la mina El Pesar, nunca le indemnizó su pesar.
En México existen 677 proyectos mineros activos, de los cuales 41 son de Jalisco. Desde que la Ley Minera se modificó, Peña Colorada fue adquirida por capital extranjero. Antes de 2003 había sólo 70 empresas y actualmente suman 260, principalmente canadienses. Del total del hierro que se genera en el país, el 23.9% se exporta a China.
Sentada afuera de su casa, con los ojos grises, tiznados, la anciana piensa en voz alta: “¿Pos cuál beneficio?”, si lo único que han dejado las minas a esta población son manantiales resecos. Los más de 20 que abastecían a la comunidad se escondieron y ahora tienen que caminar tras lomita –a 24 kilómetros– para conseguir agua o comprarla embotellada.
Además de las explosiones que remueven los cuerpos de agua, el consorcio extranjero extrae mil 200 litros por hora tanto de ojos de agua como del Río Marabasco. A lo largo de éste, hay bombas que llevan el líquido hacia el cerro de Los Juanes, y de ahí, en conductos de nueve a 12 pulgadas y de 52 kilómetros de largo, transportan el hierro mezclado con agua hacia el Puerto de Manzanillo –para evitar el gasto del flete–, y lo embarcan a Asia o al Norte de México. En otros tubos, escupen los residuos ferrosos hacia la presa de jales.
“Escarbábamos de un lado y otro y siempre de ahí tomábamos. Y ¿ora? Pues la tenemos que comprar. ¿De onde pues? Tengo que conseguir dinerito, ¿qué hago? Antes torteaba ajeno y ora que no veo, ¿ora qué?”, pregunta resignada, con palabras apenas pintadas del nahua que ya no recuerda, y voltea a ver las nubes algodonadas, en espera de las últimas lluvias de octubre, porque si no caen, “no vamos a conocer el elote este año. Apenas están jiloteando las mazorcas y si no hay agua, no hay maíz”.
Al preguntarle qué hará, recarga su codo en la mesa de madera, donde hay una taza vacía, tres galletas de animalitos, una guadaña que usa en el coamil y dos flores rojas que su vecina María Ruiz Roblado le obsequió: “Si no llueve, ¿pos qué le hago? A sufrir la hambre”.
El monte donde está la ranchería era pura piedra, puros pretiles “y ya sacaron todo; reventaban piedras del tamaño de mi casa. Un día escuché los tronidos, no hice caso y me pegó una piedra. Al tiempo se me hizo ceniza la vista y pos yo digo que sería eso, ¿o qué más?”.
Cuando estaban “buenos” sus ojos, recolectaba leña para cocinar. “Ahora que veo puros bultos, ya me he ido rodando en el monte”. Tiene que comprar la madera a 50 pesos y la ha pagado vendiendo sus animalitos. Este año no queda ninguno. “Ora sí voy a sufrir… no tengo ni para un bule de agua”.
Para la Dirección de Promoción Minera, este sector genera empleo en las zonas serranas donde no hay otras alternativas de desarrollo y existen dos explicaciones para la marginación en Ayotitlán:
1. “Que la gente de esa región se quedó acostumbrada a buscar dinero fácil sin comprometerse. ¿Por qué no trabajan en la industria minera, por qué no piden trabajo? La política de las mineras es contratar gente local, porque les sale más barato”.
2. Que es asunto de las autoridades de Colima o Jalisco, las cuales deberían invertir en infraestructura y programas sociales en esta ranchería.
Por el conflicto limítrofe, ya ni los curas se paran en la zona. Pero doña Mary sigue rezando todos los días. ¿Para qué? “Pos pa’ ver si Dios nos ve”.
Y si acaso la volteara a ver, continúa, le pediría que se fueran las minas de su tierra, porque teme que le cumplan el rumor que desde los 90 ha corrido por el pueblo: “Si no se salen, los Figueroa (mestizos de Minatitlán, Colima, que aseguran ser propietarios de Las Pesadas) les van a quemar sus casas”.
Para los nahuas, la extracción mineral ha sido sólo un episodio más de cambio de espejos por metales preciosos. “Es como una segunda conquista. Es ver cómo nos saquea otro país, ayudado por nuestro propio país”.
Concesiones en Cuautitlán de García Barragán
En la página de internet de la Dirección de Minas sólo se pueden consultar los títulos del año 2000 a la fecha. En este período se otorgaron16 concesiones en Cuautitlán de García Barragán (mil 178.67 kilómetros cuadrados) por una extensión de 31 mil 672 hectáreas.
El Consorcio Minero Benito Juárez obtuvo tres títulos: En 2006, el número 227602, por siete mil 516 hectáreas en el cerro Los Juanes (que podría ser una extensión de la que obtuvieron en los años 70); el número 226523, en 2005, para exploración en Peña Colorada I, por 969.4 hectáreas; y en el año 2000, el número 211011, para la explotación del P.C. Oriente, por 217 hectáreas.
Asimismo, Minera del Norte (o Minera Monclova) tiene una concesión del 2004, por 99.94 hectáreas para exploración en el predio Rosa, y del 2003, por 520 hectáreas en La China. Industrial Minera México tiene la Rosa 2, para exploración de 143 hectáreas.
Y a pesar de que el chino Liantuan Wu, propietario de la empresa Gan-Bo, se metió en 2008 a explotar ilegalmente el predio de Lino Roblada Flores, en el ejido Ayotitlán, la Dirección de Minas le entregó este año una nueva concesión (234650) por 14 mil 763 hectáreas, en la zona que ellos nombran Gan-Bo.
En la misma sierra de la sierra, pero por el lado de Minatitlán, Colima, Minera del Norte tiene 10 títulos y Peña Colorada, dos. A nombre de particulares hay otros 10.
De aquellos tiempos de exploración
Los trabajos de exploración eran “muy duros”. Prendían la mecha para las detonaciones y a huir como el correcaminos. Los que corrían como las balas, murieron, recuerda Esteban Guzmán Pulgarín, quien laboró para la empresa y ahora es secretario de la asociación civil Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco e integrante del plantón que desde julio pide el reconocimiento de una franja de 40 hectáreas de Las Pesadas que mestizos de Minatitlán exigen como propias.
Los primeros exploradores llegaron a finales de los 60 y principios de los 70, al igual que en el resto del país, ya que el Consejo de Recursos Minerales (hoy Servicio Geológico Mexicano) buscaba yacimientos de hierro. Hubo hallazgos en Michoacán, Durango, Chihuahua, el sur de Jalisco (Autlán de Navarro, Cuautitlán de García de Barragán y Pihuamo, principalmente) y Colima (Minatitlán).
En aquel tiempo hubo trabajo por montón y lo que la gente quería era sobrevivir, porque ese año no llovió y la cosecha se murió. “Todos comíamos plátano verde y chanchitas (planta silvestre) e inventábamos cualquier cosa para sobrevivir, pero muchos sí se enfermaron de hambre. Por eso aceptamos los empleos; eran muy duros, muy peligrosos, porque era un terreno muy accidentado y no nos capacitaban. Había cables a más de 300 metros de altura, de los que nos colgábamos para desprendernos a otro lugar. Hubo muchos accidentes”, relata Esteban, indígena también.
Peña Colorada era y sigue siendo la veta de hierro más grande y se estima que aún puede continuar con la extracción por lo menos 10 años más. La Dirección General de Minas calcula que los yacimientos en el país son “modestos”, de aproximadamente 800 millones de toneladas.
El tiempo siguió su curso y la ilusión de algunos nahuas mutó en un desagradable sabor de boca. “La explotación no fue para bien… ¡Caray! Es para llorar ver cómo se han acabado todo, es indignante que nos dejaron hasta sin agua”.
Por el manejo del cianuro, tuvo problemas en la piel y la vista se le deterioró. “En la clínica del IMSS que había en el poblado (donde viven los empleados) decían que no tenía nada. Tuve que salir a otros pueblos y hasta Estados Unidos me pudieron ayudar. Era un dolor espantoso en las noches, sentía todo caliente, ya no podía ir a trabajar y como no me daban incapacidad, tuve que pedir mi retiro voluntario… dos mil pesos me llevé”, relata.
En la empresa nunca le advirtieron que tendría contacto con cianuro. Esto lo descubrieron los médicos. Cuenta que los casos de ceguera, manchas en la piel, diabetes y sordera, pululaban por doquier.
Al pedirle que muestre su herida, niega con la cabeza y continúa. Detiene las palabras y pide disculpas; le avergüenza mostrarla. Se dobla la manga y asoma el antebrazo, carcomido, aún con la herida a flor de piel, a más de 20 años de que el cianuro casi se traga su epidermis. “De haber seguido, pienso que me hubiera acabado a pedazos”. Hasta la fecha, requiere curaciones todos los días.
Se pidió entrevista en Peña Colorada y nunca hubo respuesta. Asimismo, se intentó entrar al poblado de los trabajadores del consorcio y se prohibió el paso. Posteriormente, uno de los responsables del sitio siguió el vehículo de la reportera de este diario, por la carretera que va de Minatitlán a Colima.
“Ninguna contingencia”
La minería es considerada un eje de desarrollo económico en México, que actualmente representa 1.6% del Producto Interno Bruto. El 30% de costos de la explotación, se quedan en la región, tanto en impuestos como en salarios.
Ante las críticas de que es un sector depredador del medio ambiente, un representante de la Dirección de Promoción Minera asegura que nunca han tenido contingencias de este tipo.
“Todas las empresas tienen medidas de mitigación de forma natural, todas tienen cultura ambiental, aquí lo hemos visto”.
La sugerencia para quienes son pobres en estas zonas es que se metan a las minas. “Que busquen la oportunidad de trabajar, porque luego buscan porcentajes de producción, sin hacer nada”.
— Pero de lo que pagan las minas, ¿por qué no se invierte en las comunidades?
— Creo que ahí debemos buscar aplicación de autoridades del Estado, en implementar programas de desarrollo social.
— Hay señoras que no tienen ni para comer.
— Hay programas del Gobierno Federal.
— En Las Pesadas no hay.
— Sé de casos en que los programas de Sedesol han desarrollado infraestructura para proporcionar agua a las comunidades y aparte de eso, otros servicios sanitarios. Aquí lo que se debe buscar es que autoridades de Colima y Jalisco participen conjuntamente como Gobierno local. Si la empresa minera ve que como gobierno local se preocupan por la gente, ¿por qué no buscamos eso?
— Entonces, ¿hay ausencia de gobiernos locales?
— Desde luego, la propuesta sería conveniar y a favor de la gente. Seguramente la empresa se sumaría a programas sociales.
— ¿Por qué no hay un atlas de los recursos que se pueden extraer? La percepción es que las concesiones se otorgan a diestra y siniestra.
— Bueno, es una situación que los grupos ambientalistas manifiestan, están en contra del desarrollo minero, entonces, ¿qué otras alternativas para generar inversión extranjera a México? ¿qué otros sectores?
— ¿Se sabe cuánto se ha impactado ambientalmente?
— Todas las minas han cumplido, las que han operado en México en las últimas dos décadas, han cumplido con su etapa de cierre y abandono, con medidas de la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) y en cuanto a restauración y confinamiento de residuos peligrosos, todo lo que señala la normatividad ambiental, no tenemos registrada ninguna contingencia a nivel nacional por contaminación de acuíferos o derrama de sustancias químicas que hayan afectado a poblaciones.
— ¿Por qué dan las concesiones antes de que el propietario dé permiso?
— Porque el ordenamiento no contempla al concesionario. Estamos hablando del mineral, de la sustancia que van a extraer, es concesión de minerales, no sobre superficie de la propiedad.
— Pero a cielo abierto necesitas la propiedad.
— Para eso están los procesos de ocupación temporal o autorización del propietario, a través de la Dirección de Minas o la Procuraduría Agraria.
— ¿No es el procedimiento al revés?
— No, primero hay que valorar lo que hay abajo, y si van a lograr abrir mina, hay compromisos mayores con la comunidad, rentan los terrenos por 50 años y pagan los arrendamientos.
— ¿Estamos pensando en una economía basada en la minería?
— Desde luego que con las evidencias actuales, es una fuente para generar empleo.
— ¿Las Pesadas, está concesionada?
— Si llegara a estarlo, desde luego que el que trate o quiera aprovechar los minerales tiene que pensar en reubicar a la población.
— ¿Y si no quieren?
— El Gobierno entrega la concesión, el mineral es de la nación, del concesionario es propiedad hasta que lo extrae y para ello tiene que tener acceso, servidumbre de paso, convenio, contrato u ocupación temporal privado a través de minas, o a través de la Procuraduría Agraria. Si no hay convenio, no pueden desalojarlos de manera violenta.
Textos: Alejandra Guillén
Concesiones para exploración y explotación en Jalisco, que tiene una extensión de 80 mil 137 kilómetros (ocho millones de hectáreas):
En 2009, 641 mil 621 hectáreas y se emitieron 128 títulos.
En 2008, 121 mil 808 hectáreas y se emitieron 116 títulos.
En 2007, 243 mil 644 y se emitieron 129 títulos.
En 2006, 242 mil 676 hectáreas y se emitieron 146 títulos.
En 2005, 144 mil 518 hectáreas y se emitieron 174 títulos.
En 2004, 58 mil 270 hectáreas y se expidieron 133 títulos.
En 2003, 70 mil 589 hectáreas y se dieron 123 títulos.
En 2002, 72 mil 67 hectáreas y se dieron 140 títulos.
En 2001, 40 mil 786 hectáreas y se emitieron 116 títulos.
En 2000, 113 mil 279 hectáreas y se emitieron 95 títulos.
De 2000 a 2009 se han concesionado un millón 749 mil 254 hectáreas y se han otorgado mil 300 títulos.
(Fuente: Dirección General de Minas de la SE)
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